En los últimos años, Bolivia ha experimentado un considerable aumento en su parque automotor, con cifras que reflejan un incremento del 364% desde la gestión 2005 hasta la actualidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este crecimiento se traduce en un registro que ha pasado de 536,578 unidades a 2,493,753 vehículos en circulación en el país.
Sin embargo, este aumento del parque automotor no se ha visto reflejado de manera proporcional en la demanda de combustibles, que ha incrementado en un asombroso 1,200%. Estas cifras han levantado preocupaciones sobre el posible destino ilegal de los carburantes en Bolivia, según señala el asambleísta departamental Luis Lema, quien vincula este fenómeno con actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, la minería aurífera y el tráfico de vehículos indocumentados.
Las autoridades bolivianas han sido llamadas a abordar esta preocupante disparidad entre el crecimiento del parque automotor y el aumento desproporcionado en la demanda de combustibles. Sin embargo, tanto el director distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Franz Rodríguez, como el gerente distrital de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), han evitado hacer comentarios al respecto. Esta reticencia también ha sido observada entre los parlamentarios tarijeños alineados con el Gobierno nacional.
El asambleísta Lema ha destacado que, según el análisis basado en datos del INE, mientras que la importación de combustibles en 2005 ascendía a 239.5 millones de dólares, en 2022 alcanzó los $us 3,144.8 millones, lo que representa un aumento de 12 veces. En contraste, el crecimiento del parque automotor ha sido significativamente menor, con un aumento de solo tres veces en el mismo período.
Lema ha enfatizado la necesidad de investigar dónde se está destinando realmente el consumo de combustibles, sugiriendo que una gran parte podría estar desviándose hacia actividades ilegales. Además, cuestiona los argumentos del presidente Luis Arce sobre el precio descomunal que el país paga por la subvención al diésel, señalando que en períodos anteriores el precio del petróleo era incluso más alto.
Si bien se reconoce el crecimiento de la frontera agrícola e industrial como un factor influyente, Lema sostiene que esto no justifica el incremento exponencial en la demanda de combustibles. Insta a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a fiscalizar a YPFB y a coordinar acciones para prevenir el desvío de combustible hacia actividades ilegales.
Estas cifras preocupantes subrayan la necesidad de una mayor supervisión y regulación en el sector de los hidrocarburos en Bolivia, así como de medidas para combatir el contrabando y otras actividades ilegales relacionadas con el uso indebido de combustibles. Sin una acción inmediata y efectiva, el país podría enfrentar graves consecuencias económicas y sociales en el futuro.
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