A través de un comunicado, la organización política señaló que, tras el denominado “escándalo Cerimedo”, han surgido cuestionamientos de la población sobre el rumbo del Gobierno y la capacidad del Estado para enfrentar la crisis económica.
“Exigimos al presidente Paz un giro de timón. El país está viviendo un momento muy particular: tras el ‘escándalo Cerimedo’, la población ha comenzado a preguntarse qué está pasando con el Gobierno y el Estado y, sobre todo, cómo vamos a salir de la grave crisis económica si las instituciones no tienen la moral, la idoneidad y la claridad para actuar bien y poniendo por delante las necesidades de la gente”, señala el pronunciamiento.
UN advirtió además que Bolivia corre el riesgo de ingresar en un escenario de anomia, en el que las autoridades pierdan capacidad de conducción y la población deje de reconocer la legitimidad de las instituciones.
“El presidente Rodrigo Paz debe tomar conciencia de que ya no tiene margen para equivocarse y debe dar un giro en su actitud, su manejo estratégico del poder y sus políticas”, remarca el documento.
Ante esta situación, Unidad Nacional planteó cinco exigencias.
La primera está relacionada con el caso Beller-Cerimedo. El partido pide una investigación “completa, objetiva e imparcial” sobre las denuncias realizadas por la abogada Nadia Beller respecto a presuntas actividades ilícitas atribuidas a Cerimedo.
En segundo lugar, UN reclama al Gobierno definir un rumbo claro para superar la paralización de la producción y la inversión, que atribuye a la falta de combustible y dólares. También pide medidas eficaces para controlar la inflación y combatir el desempleo.
El tercer punto está dirigido al Ejecutivo y al Parlamento, a quienes solicita adoptar medidas para evitar una crisis energética. En ese sentido, plantea que en los próximos 60 días se apruebe una nueva Ley de Hidrocarburos, orientada a atraer inversiones y fortalecer proyectos de exploración y producción, entre ellos el potencial del campo Mayaya.
Como cuarto punto, UN demanda inversiones inmediatas para el sector minero y la aprobación de una nueva normativa para esta actividad en un plazo de 60 días.
Finalmente, el partido exige al presidente solicitar al Parlamento la designación urgente de autoridades consideradas clave para el funcionamiento institucional y económico del país, entre ellas el Contralor General del Estado, el presidente del Banco Central de Bolivia y el presidente de YPFB.
El pronunciamiento está firmado por Samuel Doria Medina, Elizabeth Reyes y Roberto Moscoso, dirigentes de Unidad Nacional.
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