La empresa, que dejará de prestar servicios para Entel, enfrenta cuestionamientos no solo por deficiencias en la atención y pérdidas económicas, sino también por una denuncia relacionada con la presunta habilitación irregular de teléfonos reportados como robados.
El cierre definitivo de Datacom abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre el funcionamiento de la empresa. Mientras la Central Obrera Boliviana (COB) salió en defensa de más de 500 trabajadores que podrían quedar afectados por la decisión, sobre la compañía también pesa una denuncia que apunta a un asunto mucho más delicado: la presunta habilitación de celulares reportados como robados y bloqueados mediante su código IMEI.
La denuncia habría sido presentada en noviembre de 2025 y fue mencionada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, al explicar las razones que llevaron a Entel a cortar su relación comercial con Datacom después de aproximadamente nueve años.
¿Celulares robados que volvieron a funcionar?
El IMEI es el número de identificación único de un teléfono celular y constituye una de las herramientas utilizadas por las operadoras para identificar y bloquear equipos reportados como robados.
Por ello, la denuncia sobre una eventual habilitación de equipos previamente reportados como robados plantea interrogantes que deberán ser esclarecidos mediante una investigación técnica y documental.
La pregunta central es sencilla, pero de gran importancia:
¿Cómo pudieron volver a operar determinados teléfonos que habían sido reportados como robados y bloqueados por IMEI?
Si se comprobara que equipos incluidos en listas de bloqueo fueron efectivamente habilitados de manera irregular, correspondería determinar quién realizó esas operaciones, bajo qué procedimiento, con qué autorización y si existió algún beneficio para terceros.
Hasta el momento, la información disponible apunta a una denuncia que debe ser investigada y no permite atribuir responsabilidad penal individual sin una investigación y las correspondientes pruebas.
La denuncia que quedó en segundo plano
El ministro Zamora señaló que, además de las deficiencias en la atención presencial y telefónica, existía esta denuncia relacionada con la habilitación irregular de celulares reportados como robados.
El caso adquiere especial relevancia porque Datacom operaba vinculada a Entel y tenía funciones relacionadas con la atención y soporte a los usuarios.
La investigación debería establecer, entre otros aspectos, cuántos equipos fueron presuntamente habilitados, sus números IMEI, cuándo fueron bloqueados, cuándo volvieron a estar activos y qué usuario o sistema realizó cada operación.
Estos registros permitirían determinar si se trató de errores administrativos aislados o de un mecanismo sistemático de modificación de los bloqueos.
Entel decidió cortar la relación comercial
La decisión de terminar el vínculo comercial también estuvo relacionada con cuestionamientos al servicio y con pérdidas económicas que, según las autoridades, superarían los Bs 40 millones.
El ministro sostuvo que el Estado no puede mantener estructuras que generen pérdidas o déficit financiero y anunció el cierre definitivo de Datacom.
La decisión provocó la reacción inmediata de la COB y de la Federación Sindical de Trabajadores de Datacom de Bolivia, que declararon su estado de defensa de los trabajadores y rechazaron los despidos masivos.
Más de 500 trabajadores quedan en medio de la controversia
Mientras la organización sindical exige garantías laborales y el respeto de los derechos de los trabajadores con años de servicio, la situación de Datacom plantea dos debates diferentes.
Por un lado, está el futuro laboral de más de 500 trabajadores y el cumplimiento de sus beneficios sociales.
Por otro, está la necesidad de esclarecer las denuncias que llevaron a cuestionar el funcionamiento de la empresa, particularmente aquella relacionada con la presunta habilitación de celulares reportados como robados y bloqueados por IMEI.
El cierre de Datacom, por tanto, podría no ser únicamente una discusión sobre pérdidas económicas y fuentes laborales. También abre interrogantes sobre los controles existentes para impedir que un teléfono denunciado como robado pueda ser nuevamente habilitado dentro de las redes de telecomunicaciones.
La pregunta que queda abierta
La controversia deja una interrogante que ahora corresponde responder con documentación y una investigación técnica:
¿Quién habilitó los celulares reportados como robados y bloqueados por IMEI, cuántos equipos fueron afectados y bajo qué autorización se realizaron esas operaciones?
La respuesta podría determinar si se trató simplemente de irregularidades administrativas o si existió un esquema deliberado para permitir que equipos reportados como robados volvieran a funcionar.
Mientras esas preguntas no sean esclarecidas, la denuncia sobre los IMEI seguirá siendo uno de los principales puntos que rodean al cierre de Datacom.
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