EE.UU. acusa a Roger Mariaca de recibir sobornos para facilitar el narcotráfico y restringe su ingreso

El Departamento de Estado estadounidense incluyó al Fiscal General de Bolivia en una medida contra funcionarios extranjeros a los que atribuye actos de corrupción. Washington sostiene que Mariaca habría abusado de sus cargos para aceptar sobornos, facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes restricciones de ingreso contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y sus familiares directos, en el marco de una nueva serie de medidas contra funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos señalados por corrupción.

En el caso de Mariaca, el Departamento de Estado formuló una acusación particularmente grave. Según Washington, el Fiscal General “abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”.

Estados Unidos también sostiene que las acciones que atribuye a Mariaca ponen en riesgo sus esfuerzos para combatir el narcoterrorismo y afectan las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer.

Una medida administrativa, no una condena

La decisión estadounidense supone que Mariaca y sus familiares directos quedan, en general, impedidos de ingresar a territorio estadounidense. La medida forma parte de una política de restricciones de visa dirigida contra funcionarios extranjeros señalados por Washington por actos de corrupción o por acciones que, según su evaluación, afectan la gobernabilidad y el Estado de derecho.

La acusación, sin embargo, no constituye por sí misma una sentencia penal contra Mariaca. Hasta el momento, el Gobierno estadounidense no ha presentado públicamente, en el anuncio difundido, el detalle de las operaciones, personas o pagos que sustentarían específicamente la acusación de sobornos vinculados al narcotráfico.

Mariaca rechaza las acusaciones

Tras conocerse la decisión, Mariaca rechazó las acusaciones formuladas por Washington y pidió respeto a la independencia y soberanía de Bolivia.

La reacción del Fiscal General abre ahora una nueva interrogante: ¿qué información posee Estados Unidos para atribuirle específicamente la recepción de sobornos destinados a facilitar actividades de narcotráfico?

De fiscal departamental a Fiscal General

Mariaca llegó a la Fiscalía General después de desempeñarse durante varios años como Fiscal Departamental de Santa Cruz. Fue elegido por la Asamblea Legislativa en octubre de 2024 para ejercer el cargo durante seis años.

Su trayectoria anterior estuvo vinculada a investigaciones de alto impacto en Santa Cruz, entre ellas casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

Entre estos antecedentes destaca el caso de Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo cuya presencia en Bolivia desencadenó una investigación de gran alcance después de su fuga en 2023. Durante la gestión de Mariaca como fiscal departamental se realizaron numerosos allanamientos e investigaciones contra personas vinculadas al entorno de Marset.

También durante ese periodo se investigó el denominado “narcoavión”, relacionado con el envío de aproximadamente 478 kilos de cocaína desde Bolivia hacia España.

Estos antecedentes no demuestran por sí mismos una relación criminal de Mariaca con las organizaciones investigadas. Sin embargo, adquieren especial relevancia ahora que Estados Unidos lo acusa de haber utilizado sus cargos públicos para facilitar el narcotráfico.

La pregunta que queda abierta

La acusación estadounidense coloca al Fiscal General boliviano ante una situación inédita y plantea preguntas sobre su actuación durante los años en que ocupó cargos dentro del Ministerio Público.

La principal incógnita es qué hechos concretos llevaron a Washington a concluir que Mariaca solicitó y aceptó sobornos para facilitar el narcotráfico.

Por ahora, el comunicado estadounidense establece la acusación y la consecuencia migratoria, mientras que Mariaca niega las imputaciones.

El siguiente paso será conocer si Estados Unidos proporcionará información adicional que permita identificar qué organizaciones, casos, funcionarios o investigaciones estarían relacionados con los presuntos sobornos.

La diferencia es fundamental: mientras Washington sostiene que existió una conducta de corrupción vinculada al narcotráfico, esa acusación todavía debe distinguirse de una responsabilidad penal establecida por un tribunal.

Un golpe institucional

La decisión también tiene una dimensión institucional. Mariaca no es solamente un exfiscal o funcionario de segundo nivel: ocupa la máxima autoridad del Ministerio Público boliviano.

La medida estadounidense, por tanto, introduce una fuerte presión sobre la Fiscalía General y abre un debate sobre la independencia, transparencia y credibilidad de las instituciones encargadas de investigar delitos de narcotráfico y corrupción en Bolivia.

La atención estará ahora puesta en si Washington presenta información adicional y en cómo responderán las autoridades bolivianas frente a una acusación que vincula directamente al máximo representante del Ministerio Público con presuntos sobornos destinados a favorecer al narcotráfico.