El Dassault Falcon 900EX, adquirido en 2010 por $us 38,7 millones, se convirtió durante el gobierno de Evo Morales en uno de los símbolos más visibles del gasto estatal en transporte presidencial. Sus viajes al extranjero, algunos relacionados con actividades deportivas, reuniones políticas y acontecimientos personales, generaron cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
El avión presidencial FAB-001 fue adquirido por el Estado boliviano en 2010 durante el primer gobierno de Evo Morales. El Decreto Supremo 0466 autorizó la compra de un Dassault Falcon 900EX EASY por $us 38,7 millones.
Morales defendió entonces la adquisición y sostuvo que la aeronave debía ser considerada una herramienta de trabajo y no un lujo. Sin embargo, el costo de compra y posteriormente los gastos de operación y mantenimiento alimentaron críticas durante los años siguientes.
Los viajes que generaron cuestionamientos
Uno de los principales puntos de controversia fue la frecuencia con la que Morales utilizó aeronaves estatales para desplazamientos internacionales.
En 2016, la Agencia de Noticias Fides publicó un recuento según el cual Morales había viajado al extranjero, utilizando recursos estatales y en algunos casos el avión presidencial, para asistir a partidos de fútbol. Entre los acontecimientos mencionados estaban los partidos inaugurales de los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, un partido de Bolivia contra Costa Rica en Argentina y la inauguración de la Copa América Centenario en Estados Unidos.
Estos viajes fueron cuestionados principalmente por el costo que implicaba movilizar una aeronave presidencial para actividades que no necesariamente correspondían a una misión de Estado en sentido estricto.
El viaje a Estados Unidos para la inauguración de la Copa América de 2016, por ejemplo, generó cálculos sobre el costo operativo del Falcon. Un especialista consultado entonces por ANF estimó en aproximadamente $us 2.414 el costo de cada hora de vuelo, considerando combustible y determinados gastos de mantenimiento, aunque sin incluir salarios de pilotos ni otros conceptos.
El viaje a Cuba por el cumpleaños de Fidel Castro
Otro episodio que provocó críticas ocurrió en agosto de 2015, cuando Morales viajó a Cuba para participar de la celebración por el cumpleaños 89 de Fidel Castro.
El propio Morales reconoció públicamente que viajaba por una cuestión de amistad con Castro. El desplazamiento fue incluido posteriormente entre los viajes cuestionados por el uso de recursos estatales.
El episodio abrió una discusión sobre dónde debía establecerse la frontera entre una actividad presidencial, una visita diplomática y una actividad de carácter personal cuando el traslado se realiza utilizando una aeronave perteneciente al Estado.
Punta Cana: una acusación que necesitaba contexto
En 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, volvió a surgir una fuerte controversia alrededor del FAB-001.
El entonces viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, afirmó que Morales había utilizado el avión presidencial 147 veces entre 2010 y 2017 y cuestionó particularmente un viaje a Punta Cana en el que habría viajado acompañado por integrantes de su equipo, entre ellos su entonces jefa de gabinete Patricia Hermosa. El Gobierno anunció una investigación para determinar los destinos, costos y posibles excesos.
Sin embargo, el episodio de Punta Cana requiere una precisión. El viaje se produjo en enero de 2017 para asistir a la V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Por ello, presentarlo simplemente como un viaje vacacional puede resultar engañoso: existía una actividad internacional oficial vinculada al desplazamiento.
La controversia se concentró, por tanto, en la utilización del avión estatal, quiénes acompañaban al mandatario y cuáles eran los costos asociados, más que en la inexistencia de una actividad oficial.
El costo permanente del avión
La polémica no terminó con los viajes.
El mantenimiento y funcionamiento del FAB-001 representaron gastos recurrentes para el Estado. Datos presupuestarios citados por ANF señalan que entre 2014 y 2019 se presupuestaron Bs 117,8 millones para la gestión del avión presidencial. Para 2019, la partida alcanzaba aproximadamente Bs 20,3 millones.
Esto permitió que la discusión pasara de cuánto costó comprar el avión a cuánto cuesta mantenerlo disponible para la Presidencia.
La cuestión resulta particularmente relevante porque el Falcon 900EX es un avión ejecutivo de largo alcance, diseñado para transportar a un número relativamente reducido de pasajeros. Su utilización implica combustible, mantenimiento especializado, tripulación, infraestructura y otros gastos asociados.
Un avión que también tuvo una función diplomática
No todos los episodios relacionados con el FAB-001 fueron objeto de críticas por su utilización.
Uno de los casos más conocidos fue el incidente de julio de 2013, cuando el avión que transportaba a Morales desde Moscú hacia Bolivia tuvo que aterrizar en Viena después de que varios países europeos restringieran o demoraran las autorizaciones de sobrevuelo.
El incidente estuvo relacionado con sospechas de que Edward Snowden pudiera encontrarse a bordo. La Organización de Estados Americanos expresó posteriormente solidaridad con Morales y cuestionó las restricciones impuestas al avión presidencial.
El episodio mostró, paradójicamente, otra dimensión de la aeronave: además de ser un medio de transporte presidencial, constituía una herramienta utilizada en desplazamientos internacionales de carácter diplomático.
¿Un instrumento de trabajo o un lujo?
La discusión sobre el Falcon presidencial terminó convirtiéndose en una discusión política más amplia.
Para el gobierno de Morales, disponer de una aeronave propia permitía al Presidente desplazarse rápidamente por Bolivia y realizar viajes internacionales sin depender de vuelos comerciales ni de aeronaves prestadas por otros países.
Los críticos, en cambio, cuestionaron que un país con importantes necesidades sociales destinara decenas de millones de dólares a la compra de un avión ejecutivo y posteriormente recursos significativos a su operación.
El debate se reactivó años después. En 2024, el propio Morales cuestionó los gastos destinados al avión presidencial en el Presupuesto General del Estado, pese a que la aeronave había sido adquirida durante su administración.
Más allá de Evo Morales
La discusión sobre el FAB-001 tampoco terminó con la salida de Morales del poder.
La aeronave continuó siendo utilizada por posteriores gobiernos. En 2021, el ministro de Defensa Edmundo Novillo confirmó que el avión podía ser utilizado no solamente por el Presidente Luis Arce, sino también por ministros cuando las autoridades lo requirieran.
Esto demuestra que el debate no se reduce exclusivamente a Evo Morales. La cuestión central es más amplia: ¿cuándo se justifica el uso de una aeronave presidencial y qué controles deben existir sobre sus pasajeros, destinos y costos?
Una polémica que permanece
El FAB-001 fue presentado en 2010 como una herramienta necesaria para la gestión presidencial. Su adquisición, sin embargo, abrió una discusión que continúa años después: el equilibrio entre seguridad y eficiencia presidencial frente al costo de mantener un avión ejecutivo para uso del Estado.
Los registros disponibles muestran que Morales utilizó la aeronave para numerosas actividades oficiales, pero también que algunos desplazamientos —como viajes vinculados al fútbol o determinadas visitas internacionales— fueron objeto de cuestionamientos políticos y periodísticos.
La principal dificultad para evaluar estos casos está en diferenciar un viaje presidencial oficial, una actividad diplomática, una actividad política y un desplazamiento de carácter personal. Para determinar si existió un uso indebido del patrimonio estatal en cada caso concreto se requiere revisar los registros de vuelo, pasajeros, órdenes de misión, gastos y la normativa aplicable.
Lo que sí está documentado es que el Estado boliviano pagó $us 38,7 millones por la aeronave y posteriormente destinó importantes recursos a su funcionamiento. La discusión sobre si ese gasto se justificaba —y bajo qué condiciones debía utilizarse— se convirtió en una de las controversias recurrentes de la administración de Morales.
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