Los vuelos cuestionados durante el gobierno de Jeanine Áñez: pasajeros particulares, viajes militares y polémicas en cuarentena

El uso de aeronaves de la Fuerza Aérea durante el gobierno transitorio generó cuestionamientos por el traslado de particulares y personas vinculadas al entorno presidencial. Uno de los episodios terminó incluso en una denuncia penal. El Gobierno justificó los vuelos como actividades oficiales o razones humanitarias y posteriormente pidió disculpas por el traslado de “personas adicionales”.

Durante el gobierno de Jeanine Áñez, el uso de aeronaves estatales volvió a convertirse en motivo de controversia política en Bolivia.

Las denuncias se concentraron especialmente en mayo de 2020, durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19, cuando se conoció que aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) habían transportado a personas que no formaban parte de las delegaciones oficiales.

La polémica adquirió especial relevancia porque el gobierno de Áñez había cuestionado anteriormente el uso de bienes estatales durante la administración de Evo Morales.

El caso de la hija de Áñez y una diputada

El episodio más controvertido ocurrió a finales de abril de 2020.

Una aeronave de la FAB trasladó desde Tarija hasta La Paz a la entonces responsable de la Unidad de Gestión Social, Carolina Ribera Áñez, hija de la presidenta Jeanine Áñez, junto con la diputada Ginna Torrez y el hijo de esta última.

El vuelo se produjo mientras estaban vigentes restricciones de circulación debido a la cuarentena.

La información generó críticas porque, según publicaciones de la época, la diputada Torrez y su hijo terminaron participando en la celebración del cumpleaños de Carolina Ribera en La Paz.

La diputada negó que hubiera utilizado la aeronave para asistir al cumpleaños. Explicó que debía trasladarse a La Paz para participar de una sesión legislativa y que su hijo la acompañó debido a un problema en sus rodillas que dificultaba su movilidad.

El Gobierno también rechazó que el vuelo hubiera tenido una finalidad personal. El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sostuvo que Torrez debía asistir a una sesión de la Cámara de Diputados y que necesitaba la asistencia de su hijo.

Sin embargo, el hecho generó suficiente controversia como para que posteriormente se presentara una denuncia penal por presunto uso indebido de bienes y servicios públicos y uso indebido de influencias contra Carolina Ribera, Ginna Torrez y su hijo Mauricio Raña.

La existencia de esa denuncia no significa, por sí misma, que los denunciados hayan sido declarados responsables de esos delitos.

El vuelo de la exmiss de Rurrenabaque

Días después apareció otro caso.

La aeronave FAB-048 realizó un vuelo desde Rurrenabaque hasta La Paz en el que viajaron el entonces ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, y Yaracobi Shiraishi, Miss Rurrenabaque.

Las fotografías y publicaciones de la joven en redes sociales hicieron que el viaje adquiriera notoriedad pública.

Núñez explicó que se encontraba realizando una gira oficial por diferentes municipios del Beni y que, durante su visita a Rurrenabaque, una madre le pidió ayuda para trasladar a su hija a La Paz porque se encontraba delicada de salud y había quedado varada por las restricciones de la cuarentena.

Según el ministro, la familia presentó certificados médicos y el traslado fue autorizado por razones humanitarias.

La explicación oficial, por tanto, fue que no se trató de un viaje recreativo sino de un traslado humanitario realizado durante una misión oficial.

El Gobierno terminó pidiendo disculpas

La controversia alcanzó tal dimensión que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, pidió públicamente disculpas en nombre del Gobierno.

Núñez reconoció que en determinados vuelos oficiales habían viajado “personas adicionales” y aseguró que esa situación no volvería a repetirse.

Al mismo tiempo, anunció la implementación de vuelos solidarios para ayudar a personas que habían quedado varadas durante la cuarentena.

El reconocimiento resulta relevante porque, aunque el Gobierno defendió las circunstancias particulares de los traslados, terminó admitiendo que la presencia de pasajeros adicionales en aeronaves oficiales había generado un problema y se comprometió a evitar que se repitiera.

¿Se utilizó el avión presidencial para viajes privados?

Aquí es necesario hacer una distinción.

El avión presidencial propiamente dicho es el FAB-001, un Dassault Falcon 900EX adquirido durante el gobierno de Evo Morales.

Durante 2020 también circularon denuncias y publicaciones en redes sociales sobre supuestos viajes del FAB-001 a Brasil durante el gobierno de Áñez.

Sin embargo, la Fuerza Aérea Boliviana desmintió oficialmente que el FAB-001 hubiera realizado vuelos internacionales durante la gestión de Áñez, afirmando que la aeronave se encontraba en la plataforma del Grupo Aéreo Presidencial.

Por ello, no sería correcto afirmar como un hecho comprobado que Áñez utilizó el FAB-001 para viajes privados a Brasil.

Una investigación posterior publicada por Página/12 sostuvo que existían registros de vuelos de la aeronave hacia Brasil alrededor de noviembre de 2019 y planteó interrogantes sobre esos desplazamientos. La información fue reproducida posteriormente por la Agencia Boliviana de Información. Sin embargo, la versión oficial de la FAB fue diferente.

La discrepancia entre los registros de seguimiento de vuelos citados por medios y la explicación oficial de la FAB hace que este episodio deba presentarse como una controversia y no como un hecho probado de uso privado del avión presidencial.

Áñez había prometido no utilizar el avión para asuntos personales

La polémica tuvo además un componente político.

Durante su gestión, Áñez sostuvo que había ordenado aplicar estrictamente las normas para el uso de aeronaves estatales y aseguró que estaba prohibido utilizar medios de transporte del Estado para funciones personales.

En una entrevista con El Deber, cuando fue consultada específicamente por el traslado de personas en aeronaves de la FAB, afirmó que en esos casos no había existido uso personal y defendió la aplicación de las reglas oficiales.

La contradicción percibida por sectores críticos fue evidente: un gobierno que había llegado al poder cuestionando prácticas de la anterior administración terminó enfrentando denuncias relacionadas con el uso de aeronaves estatales.

La comparación con el gobierno de Morales

El diario El Deber editorializó en mayo de 2020 que los episodios recordaban las denuncias sobre el uso de aeronaves estatales durante el gobierno de Evo Morales.

El medio señaló que la controversia no debía entenderse exclusivamente como un problema del MAS, sino como una cuestión más amplia relacionada con la utilización de bienes públicos por autoridades y personas cercanas al poder.

La comparación es especialmente interesante porque uno de los argumentos utilizados por Áñez para diferenciarse del anterior gobierno era precisamente una mayor preocupación por la transparencia y el uso de los recursos públicos.

¿Qué quedó documentado?

Los episodios permiten establecer varios hechos con distinto grado de certeza:

1. Sí hubo vuelos de aeronaves de la FAB con pasajeros adicionales durante la cuarentena.

El Gobierno reconoció la existencia de estos casos y pidió disculpas.

2. Una de las aeronaves transportó a la hija de Áñez, una diputada y el hijo de esta.

La diputada justificó su traslado por razones legislativas y médicas, mientras que el Gobierno negó que hubiera existido un uso personal del avión.

3. Otra aeronave trasladó a una exreina de belleza desde Rurrenabaque a La Paz.

El Gobierno explicó que se trató de un traslado humanitario debido a problemas de salud y a las restricciones de la cuarentena.

4. Existió una denuncia penal relacionada con el primer vuelo.

La denuncia acusó a Carolina Ribera, Ginna Torrez y Mauricio Raña de presunto uso indebido de bienes y servicios públicos y uso indebido de influencias.

5. No está acreditado que el FAB-001 haya sido utilizado por Áñez para viajes internacionales privados.

La FAB negó oficialmente que el avión presidencial hubiera realizado vuelos internacionales durante su gestión.

La polémica que dejó el caso

Los casos de mayo de 2020 terminaron convirtiéndose en uno de los episodios más incómodos para el gobierno de Áñez.

No solamente por las características de los vuelos, sino porque ocurrieron en un momento particularmente sensible: mientras millones de bolivianos estaban sometidos a restricciones de circulación y miles de personas permanecían varadas en diferentes departamentos.

La discusión dejó una pregunta que trascendió al gobierno transitorio:

¿Hasta dónde puede utilizar una autoridad una aeronave estatal para transportar personas que no forman parte de una misión oficial?

En el caso de Áñez, las autoridades argumentaron razones legislativas, médicas y humanitarias. Los críticos consideraron que algunos de esos argumentos no justificaban el traslado de particulares en aeronaves militares.

La diferencia entre ambas posiciones nunca debe confundirse con una sentencia judicial: hubo denuncias, cuestionamientos, explicaciones oficiales y una disculpa pública, pero esos elementos deben distinguirse de una determinación definitiva de responsabilidad penal.

La controversia, sin embargo, dejó una lección política que fue más allá de un gobierno específico: el uso de aeronaves estatales, especialmente cuando involucra familiares, amigos, particulares o personas ajenas a una misión oficial, requiere reglas claras, registros transparentes y una justificación verificable.