ACFO: una crisis que va más allá del Carnaval y tiene en la transparencia económica su principal desafío
La crisis que atraviesa la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO) no puede reducirse a una simple disputa de competencias con el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro por la organización del Carnaval 2027. Detrás del enfrentamiento institucional existe un asunto mucho más profundo y delicado: la transparencia en la administración de los recursos económicos que genera una de las manifestaciones culturales más importantes del país.
Durante años, la ACFO ha tenido un papel fundamental en la organización y desarrollo del Carnaval de Oruro. Sin embargo, el actual conflicto ha puesto sobre la mesa una pregunta que merece una respuesta clara: ¿existe suficiente información pública sobre los ingresos que recibe la institución por auspicios, patrocinios, convenios comerciales, graderías y otros conceptos vinculados a la festividad?
La interrogante no es menor. El Carnaval mueve importantes cantidades de dinero y genera oportunidades económicas para empresas, comerciantes, instituciones y distintos sectores de la sociedad. Por ello, su administración no puede quedar al margen del escrutinio público.
Diecisiete años de interrogantes económicas
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en esta controversia son las declaraciones del expresidente de la ACFO, Ascanio Nava, quien afirmó que durante aproximadamente 17 años no se habrían presentado informes económicos de carácter público sobre la administración de los recursos de la institución.
Nava incluso estimó que durante ese periodo se habrían manejado alrededor de nueve millones de dólares, aunque reconoció que se trata de una cifra aproximada y que no existe información pública suficiente para verificarla.
Este señalamiento merece especial atención. No se trata de dar por cierta una cifra ni de anticipar responsabilidades, sino de reconocer que una institución vinculada a la organización de un patrimonio cultural de alcance nacional debe ofrecer información clara sobre los recursos que administra.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto dinero ingresa, de dónde proviene, bajo qué contratos se recibe, en qué se gasta y qué beneficios obtiene la institución y sus conjuntos afiliados.
Los auspicios y patrocinadores: una cuenta pendiente
Otro de los puntos sensibles está relacionado con los contratos de auspicio y patrocinio.
Las empresas que vinculan sus marcas al Carnaval de Oruro obtienen importantes espacios de promoción comercial. Sin embargo, la controversia actual evidencia que no existe suficiente información pública y sistematizada sobre los montos de esos acuerdos, sus condiciones contractuales y el destino de los recursos.
La Alcaldía solicitó formalmente a la ACFO documentación sobre los contratos, convenios, montos económicos y contraprestaciones recibidas durante los últimos 17 años.
La respuesta de la dirigencia, que sostiene que se trata de una institución privada, abrió otro frente de discusión: ¿la condición de entidad privada es suficiente para excluir del conocimiento público los ingresos relacionados con una festividad declarada patrimonio cultural de la humanidad?
Este argumento merece un debate jurídico e institucional serio. La naturaleza privada de una asociación no elimina automáticamente la necesidad de explicar el manejo de recursos vinculados a actividades de interés público, especialmente cuando existen transferencias provenientes de instancias estatales.
La discusión por el 60% no puede ocultar el problema de fondo
La controversia también se trasladó a la distribución de los ingresos por la comercialización de metros lineales para la instalación de graderías.
La ACFO cuestionó las modificaciones planteadas por la Alcaldía y expresó su preocupación por la reducción de los recursos que recibe la institución.
No obstante, la discusión sobre porcentajes no debería desplazar una pregunta fundamental: ¿existen informes económicos completos, documentados y accesibles que permitan conocer la totalidad de los ingresos y egresos relacionados con el Carnaval?
La transparencia no puede convertirse en una exigencia exclusiva para una de las partes. Tanto el municipio como la ACFO deben estar dispuestos a explicar sus responsabilidades, ingresos, gastos y decisiones administrativas.
Si se exige claridad en la administración municipal, también debe existir disposición para transparentar los recursos administrados por la asociación.
La auditoría no debería interpretarse como una agresión institucional
El anuncio de una auditoría externa y la solicitud de documentación económica constituyen un paso importante para esclarecer las dudas que hoy rodean la administración de los recursos.
Una auditoría seria, independiente y técnicamente sustentada permitiría establecer cuánto dinero ingresó, cuáles fueron los gastos, qué contratos se suscribieron, qué transferencias se realizaron y si los procedimientos administrativos se ajustaron a las disposiciones correspondientes.
Es importante aclarar que los cuestionamientos y las solicitudes de fiscalización no constituyen, por sí mismos, una prueba de irregularidades. Las eventuales responsabilidades deberán establecerse mediante documentación y los procedimientos correspondientes.
Pero también debe quedar claro que negarse a convertir la información económica en un asunto de conocimiento y debate institucional solo profundiza las dudas y deteriora la confianza ciudadana.
El Carnaval no puede ser rehén de intereses institucionales
La ACFO representa a 52 conjuntos folklóricos y cumple un papel importante en la preservación y organización de las expresiones culturales que dan vida al Carnaval de Oruro.
Por esa razón, la crisis actual no debería convertirse en una lucha por espacios de poder o por el control de los ingresos económicos.
La Alcaldía tiene responsabilidades que cumplir, la ACFO tiene una representación institucional que defender y el Comité Departamental de Etnografía y Folklore tiene un papel dentro de la organización de la festividad.
Sin embargo, ninguna diferencia administrativa debería estar por encima del interés colectivo de los orureños ni de la preservación de su patrimonio cultural.
La transparencia también es una forma de defender el folklore
La dirigencia de la ACFO debe comprender que la transparencia no debilita a las instituciones; por el contrario, fortalece su legitimidad y credibilidad.
Presentar informes económicos, publicar contratos de patrocinio, explicar los ingresos y gastos, transparentar las transferencias y someter la documentación a una revisión independiente son medidas que contribuirían a recuperar la confianza de los conjuntos folklóricos y de la ciudadanía.
La pregunta ya no es solamente quién organizará el Carnaval 2027 o quién administrará la venta de graderías. La verdadera discusión es si una institución que tiene un papel tan importante en la preservación del patrimonio cultural de Oruro está dispuesta a rendir cuentas de manera clara y verificable.
El Carnaval de Oruro pertenece a la historia, a la cultura y a la identidad de un pueblo. No puede convertirse en un espacio donde la información económica sea un privilegio de dirigentes o autoridades.
La defensa del folklore también exige transparencia. Y hoy, más que nunca, la ACFO tiene ante sí el desafío de demostrar que su compromiso con el patrimonio cultural está acompañado de una administración institucional abierta, responsable y transparente.
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